Ciudad Juárez, Chih.- Como resultado del arduo trabajo de investigación, la Unidad de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 600 años de cárcel, dictada este miércoles en contra de tres secuestradores de personas extranjeras en situación de movilidad.
La pena privativa de la libertad dictada en contra de Jairo P. Z., Daniel P. Z., y Ashley Martín T. M., se obtuvo tras demostrarse su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de 12 personas originarias de Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, entre ellas cuatro menores de edad.
Las indagatorias establecieron que, desde el 10 de junio del 2024, los ahora sentenciados en compañía de diversas personas, mantuvieron privadas de la libertad a sus víctimas en un domicilio del fraccionamiento Praderas del Sol.
Que utilizaron violencia física, moral y sexual, golpeando a las víctimas con armas de fuego, tubos, cinturones, con el puño cerrado en varias partes del cuerpo, causándoles lesiones, obligándolos a permanecer en dicho lugar, al mismo tiempo que exigieron a sus familiares diversas cantidades de dinero, de hasta 17 mil dólares, a cambio de su libertad.
La noche del 18 de julio del 2024, por medio de un operativo desplegado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), lograron liberar a las víctimas y detener en flagrancia a los secuestradores, además, dentro del domicilio se localizaron armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres.
El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Jairo P. Z, Daniel P. Z., y Ashley Martín T. M., quienes, en la audiencia de individualización de sanciones, recibieron la sentencia de prisión, así como la condena al pago de una multa y la reparación del daño a las víctimas.
Esta es la segunda sentencia ejemplar, dictada en menos de dos semanas, en contra de quienes atentan contra la libertad y seguridad de las personas, sin importar su nacionalidad, lo que refrenda el compromiso de la Fiscalía General del Estado de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y castigar a quienes atenten en contra de ellos y su patrimonio.
