Cuernavaca.- La precandidata opositora al gobierno de Morelos, Lucía Meza Guzmán, denunció en conferencia de prensa que la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo desvió y desfalcó el erario estatal por 3 mil 194 millones de pesos durante los primeros cuatro años de su gobierno, de 2019 a 2022, de los cuales sólo ha podido justificar 144 millones de pesos, lo que significa un monto menor al 10 por ciento del total de recursos desviados o malversados.
Acompañada de los dirigentes de los partidos PRI, PAN, PRD y Redes Sociales Progresistas (RSP), la también senadora de la República señaló que en 2019 el desfalco alcanzó los 2 mil 235 millones de pesos; en 2020 detectó un faltante de al menos 509 millones de pesos; en 2021 fueron 403 millones de pesos que no está claro para qué se usaron y en el 2022 se descubrió un faltante 46 millones de pesos. Para un total de 3 mil 194 millones de pesos, que es el 10 por ciento del presupuesto estatal anual.
De acuerdo con los documentos exhibidos por Lucía Meza, los principales desvíos de recursos o faltantes ocurrieron en el llamado Ramo 28, es decir, el rubro de las Participaciones, recursos de la Federación que son de libre disposición de parte de la hacienda estatal. Pero también se desviaron recursos del Ramo 33, es decir, el rubro de Aportaciones, recursos que deben aplicarse en el desarrollo social, la educación, la seguridad y la obra pública.
Según la denuncia pública, la ASF concluyó que “se presume un daño o perjuicio a la Hacienda Pública del estado de Morelos, por el uso de recursos a obras o servicios que no tienen soporte técnico ni jurídico para su comprobación”. Es por ello que la ASF mantiene abiertos expedientes de no solventación, falta de comprobación y falta de justificación del uso de estos recursos públicos.
Es decir, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no ha sido capaz de solventar los faltantes de recursos, no ha podido comprobar con documentos fiscales o de otra índole el destino o uso de ese dinero, y falta una justificación de cómo se aplicaron esos más de 3 mil millones de pesos.
Lucía Meza exigió en la conferencia de prensa que la ASF agote los procesos resarcitorios a la hacienda pública y se inicien las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Federal Anticorrupción, que investigue, judicialice y se pueda castigar a los responsables de estos desvíos y desfalcos.
El gobierno de Morelos, dijo Meza Guzmán, podría haber “contratado a un mayor número de policías y (haber) adquirido suficientes patrullas para prevenir el delito” con esos recursos de las Aportaciones, que hoy no está claro para qué fueron usados. También aseguró que se pudieron haber construido 20 centros de salud en zonas marginadas de la entidad.
La senadora lamentó que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no sólo sea “incapaz” de resolver los problemas, sino que además sea “corrupto” y utilice recursos de los morelenses para fines que no son públicos, sino privados.
El próximo 15 de febrero, Cuauhtémoc Blanco ha anunciado que presentará su último informe de labores. La oposición exigió que el gobernador explique el destino de los recursos desviados o desfalcados.
En respuesta, el gobierno estatal emitió un comunicado de prensa en el que admite que hubo un monto observado en esos años de casi 3 mil millones de pesos, pero que se han aclarado 2 mil millones y resta por resarcir, aclarar o justificar unos mil millones de pesos. Aseguró que no existe razón para que la Fiscalía Federal Anticorrupción intervenga, pues todavía tiene tiempo de justificar el uso de esos recursos.
