México.- El Gobierno federal anunció que buscará impugnar a través de la Consejería Ejecutiva, una vez que se notifique formalmente la resolución, la decisión del ministro Laynez Potisek de frenar la entrada en vigor del Plan B de la Reforma Electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
En un comunicado, el Ejecutivo señaló que pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revoque el acuerdo que admite dicha controversia, así como la medida suspensiva del Plan B, pues resultan contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho.
Para conceder suspensión, ministro Laynez arrancó hojas a la Constitución.https://t.co/dESrf8MPS1 pic.twitter.com/jDFVE5TvbB
— Gobierno de México (@GobiernoMX) March 26, 2023
Además, acusó al ministro de violentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues aseguraron que ésta – en su artículo 105, fracción I – prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
También acusaron que la suspensión se trata de un régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee.
Por lo que señalaron que es “preocupante” que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el Instituto Nacional Electoral no lo solicitó de esa forma, incluso afirmaron que “no impugnó la totalidad de las
normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto”.
Desde Presidencia, consideran que es falso que el Plan B ponga en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía o la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que la suspensión es una resolución injustificada e innecesaria.
Debido a esto, el Ejecutivo federal indicó que no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, además de que solicitará a la Suprema Corte revocar el acuerdo que admite dicha controversia y la medida suspensiva, pues resultan contrarias
a los principios fundamentales del Estado de derecho.
