Ciudad de México.– El pasado 1 de marzo, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió la controversia que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como parte de dicho primer bloque del Plan B.
Asimismo, hasta este domingo 5 de marzo, el mismo jurista dio entrada a siete controversias más. Se trata de los trámites que promovieron diversos municipios. Se trata de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en Estado de México; Matamoros, Monclova y Sierra Mojada, de Coahuila, así como Comonfort y Guanajuato, de Guanajuato.
Sin embargo, Pérez Dayán no otorgó la suspensión que las demarcaciones solicitaron para frenar dichas leyes en sus territorios, pues se trata de normas generales. A dichas impugnaciones se suma una más promovida por el municipio de Chihuahua, la cual también fue admitida hace unos días.
En tanto, con respecto al trámite promovido por las autoridades electorales, la Suprema Corte consideró que las reformas aplicadas sí implican una “violación directa” a las funciones del INE en su calidad como un órgano constitucional autónomo. Frente a ello, el ministro Pérez Dayán suspendió dichos preceptos para que no sean aplicados en los próximos comicios electorales a celebrarse en el Estado de México y Coahuila este 2023. También, concedió un plazo de 30 días hábiles para que el Poder Ejecutivo o Legislativo presente una respuesta.
Sin embargo, frente al trabajo del ministro, la Presidencia de México lo acusó de hacer un “fraude a la Constitución”. Por medio de un comunicado de prensa, la oficina anunció que —a través de la Consejería Jurídica— impugnó la decisión de Pérez Dayán tras suspender la aplicación de las reformas generales a la Ley de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas en los estados de Coahuila y Edomex.
“Los juzgadores, como todas las autoridades del Estado, están obligados a fundar y motivar sus decisiones, por lo que el ministro Pérez Dayán no puede apartarse de las reglas específicas que establecen las leyes al tramitar los medios de control constitucional, pues la legitimación del Poder Judicial se diluye cuando sus decisiones responden a posiciones políticas o personales”, comunicó la Presidencia.
Cabe señalar que el primer bloque del llamado Plan B fue publicado en diciembre pasado, luego de su aprobación en el Congreso de la Unión. Fue inmediatamente después que partidos políticos y hasta el INE impugnaron. Razón de ello fue que Alberto Pérez Dayán otorgó la suspensión.
Ahora que la segunda parte se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el primer partido en promover su inconstitucionalidad fue Movimiento Ciudadano. El pasado viernes 3 de marzo el dirigente nacional, legisladores y militantes acudieron a las oficinas de la SCJN para presentar sus documentos.
“El gobierno quiere el control de las elecciones para imponer una voluntad antidemocrática y eso no se le puede entregar a ningún gobierno, ni a este ni a los que vendrán, por eso estamos aquí solicitándole a los ministros de la SCJN que cumplan con su deber histórico y protejan al Estado constitucional de derecho y para MC es un honor defender el legado de millones de personas que lucharon por la democracia de este país”, expresó Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados.
Con información de Infobae.
