Chihuahua, Chih.- El equipo especial asignado por la Fiscalía de Distrito Zona Centro para investigar el presunto fraude cometido por la empresa Aras Bussines Group en la ciudad de Chihuahua, presentó ante un Tribunal de Control 450 nuevas carpetas.
En la audiencia, el Ministerio Público presentó cargos penales por el daño económico causado a este grupo de inversores, que se estiman en 74 millones 46 mil 628 pesos y 332 mil 441 dólares.
Hasta el momento, la representación social con sede en Chihuahua capital, cuenta con un total de 6 mil 202 denuncias, de las cuales 1 mil 165 se encuentran ya judicializadas, es decir, que cumplen con todos los requisitos legales necesarios para demostrar la afectación.
Como parte del compromiso para la resolución de este caso, la institución mantiene reuniones de forma periódica con los afectados y sus representantes legales, con el objetivo de informarlos sobre los avances que se tienen al respecto.
El Fiscal de Distrito Zona Centro, Francisco Martínez, mencionó que se trata una investigación que ha requerido un amplio trabajo: “Es un hecho sin precedentes legales y derivado de esto, se ha solicitado la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acreditar las operaciones fraudulentas, que produjo un daño superior a los 2 mil millones de pesos”.
Sobre el seguimiento, el funcionario señaló que la estrategia para este año se enfoca en acelerar los trabajos ministeriales, para judicializar la totalidad de las carpetas de investigación antes de concluir el 2023.
Cabe señalar, que por este caso han sido vinculados a proceso: Sergio Armando G. C., Óscar Gonzalo H. M. y Diana Ivonne C. P., quienes enfrentan procesos por los delitos de fraude y asociación delictuosa en la ciudad de Chihuahua y recientemente en Hidalgo del Parral.
La Fiscalía de Distrito Zona Centro continúa con la judicialización de los casos; en tanto, la audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el lunes 13 a las 9:30 horas.
“Por ahora, los esfuerzos institucionales se centran en demostrar la responsabilidad de los involucrados y obtener los primeros fallos condenatorios, para estar en posibilidad de continuar con los procesos relacionados con la reparación del daño” puntualizó el funcionario.
