Chihuahua, Chih.- El alcalde Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo y el Honorable Congreso de la Unión.
Lo anterior, tras la publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre de 2022.
De acuerdo con las autoridades municipales, las reformas invaden esferas competenciales y violan los principios de autonomía, libertad hacendaria y configurativa; además de vulnerar el derecho a la libertad de información de los ciudadanos.
Los conceptos a través de los cuales se reclama la invalidez de la reforma son:
- Agravio a la libre administración hacendaria y la autonomía hacendaria del municipio de Chihuahua
- Transgresión al derecho de la información de los ciudadanos de Chihuahua y por lo tanto al acceso de los programas y servicios brindados por el municipio.
- Perjuicio al principio de proporcionalidad de las medidas legislativas que restringen los derechos humanos.
- La norma impugnada es absolutamente desproporcionada al fijar un tope presupuestal homologado para todos los poderes de la Unión de los tres niveles de gobierno, debido a que no considera el monto de los presupuestos de egresos aprobados para cada ente gubernamental. Asimismo, omite que el Gobierno Federal tiene un tope de más de 6 mil millones de pesos para Comunicación Social, acceso a los tiempos oficiales y al sistema de nacional de radiodifusión del Estado.
Con información de Comunicado.