Ciudad de México.- Después de más de 18 horas de discusión, el Senado avaló el plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual de último momento regresaron los puntos que beneficiaban a los partidos aliados a Morena, el PVEM y PT, que son la transferencia de votos, conservar el dinero que no se gaste al año y que no haya multas por padrones irregulares.
Aunque el lunes pasado en la Comisión de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda en el Senado modificaron estas dos minutas en materia electoral para eliminar puntos considerados como inconstitucionales, en el pleno de la Cámara alta, los senadores de Morena, PVEM y PT quitaron estos cambios.
El artículo con la modificación que se agregó nuevamente fue “los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común, en ese caso aparecerán en un mismos recuadro de la boleta y deberán celebrar un convenio de distribución de votos”.
Uno de ellos fue una reserva presentada por el senador del PVEM, Israel Zamora, para modificar el artículo 12 de la Ley General de Procedimientos y Electorales para permitir la transferencia de votos entre los partidos políticos mediante una candidatura común.
Con ello el articulo que se regresa a la ley, pues había sido retirado en las comisiones del Senado por inconstitucional, fue “los partidos políticos podrán postular candidaturas bajo la figura de candidatura común, en ese caso aparecerán en un mismo recuadro de la boleta y deberán celebrar un convenio de distribución de votos”.
A lo que el senador Emilio Álvarez Icaza llamó “prostitución electoral”, pues señaló que esta modificación es un pago de favores para darle “respiración artificial” al PVEM y PT.
“Este es el pago de favores para que el Partido Verde y el PT vote por esta reformas. El propio presidente de la República dijo que era inconstitucional e ilegal, no lo pidió López Obrador. Esta reforma se llama pago de favores para darle respiración artificial al PVEM y al PT. Si la ciudadanía quiere que esos partidos mantengan el registro y las prerrogativas, que la gente lo decida, pero no pueden venir aquí a intentar envolver en un discursos democráticos algo que se llama prostitución electoral”, mencionó el legislador.
También avalaron que los partidos puedan quedarse con los remanentes presupuestales, que el INE no podrá multar a los partidos políticos que no verifiquen su padrón electoral y regresaron la existencia de la Sala Regional Especializada, la cual era eliminada en lo aprobado por la Cámara de Diputados.
“Los partidos políticos en caso de así decidirlo podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados subsecuentes ejercicios fiscales, así como también podrán utilizarlos para la elección federal o local siguiente”, señala la modificación al artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos impulsada por el PVEM.
Otro de los cambios que vienen desde la Cámara de Diputados es modificar la estructura orgánica del INE, por lo que estarán desapareciendo la estructura permanente subdelegacional y reduciendo el Servicio Profesional Electoral. Esto implicará, según cifras de este órgano electoral, despedir a 8 de cada 10 personas que integran el servicio civil de carrera.
Estas reformas también establecen reducir los salarios de los consejeros, quienes ganan más que el mandatario federal, así como eliminar los fideicomisos y destituir a su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. En este último punto, los consejeros del INE señalaron que por ello impulsarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que el secretario Ejecutivo fue nombrado según lo establece la Constitución.
Esta discusión generó divisiones en Morena, pues el coordinador de los senadores por dicho partido, Ricardo Monreal, votó en contra de estas reformas al considerar que iban en contra de la Constitución.
La dos minutas, que están integradas por seis leyes secundarias, serán regresadas a la Cámara de Diputados, por lo que será discutida y votada este 15 de diciembre, pues es el último día del actual periodo ordinario.
