Chihuahua, Chih.- El Gobierno Municipal, a través de su vocera Mariana De Lachica, señaló que una facción política lanzó un “ataque” sin fundamento contra la licitación pública IMPE LP-09-2025, destacando que, hasta el momento, no se ha presentado denuncia alguna ante las autoridades competentes.
Durante una rueda de prensa, De Lachica enfatizó que el lunes 23 de junio, tras estas acusaciones, el alcalde Marco Bonilla ordenó al Órgano Interno de Control iniciar una investigación oficiosa.
A partir de dicha revisión, el Gobierno emitió los siguientes hallazgos:
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Cambio de giro: se confirmó que la empresa modificó su actividad para brindar análisis clínicos en septiembre de 2024. Este cambio, dijo el Ayuntamiento, cumplió con toda la normatividad fiscal y regulatoria.
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Constitución accionaria: aunque se mencionó la venta de acciones a Marcela Bonilla Ramos y Marlisse Valeria Díaz Mendoza, el expediente de licitación incluye documentos que acreditan la experiencia de las nuevas socias.
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Infraestructura adecuada: las críticas sobre la supuesta falta de instalaciones se basan en que el domicilio fiscal no coincide con el operativo, lo cual es un procedimiento legal y frecuente, aclaró el Municipio.
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Documentación en regla: el Ayuntamiento aseguró que la empresa entregó currículo, contrato de servicio por al menos un año, y cuenta con aviso de funcionamiento y responsabilidad sanitaria expedido por la Cofepris, que es una dependencia federal, conforme a los lineamientos de la licitación.
De Lachica concluyó que en la revisión no se encontraron elementos suficientes para acreditar irregularidades en la licitación.
La vocera municipal enfatizó que, si bien aún no se confirman faltas, la investigación seguirá en curso de manera profunda y exhaustiva para garantizar la transparencia. El alcalde Bonilla resaltó la convicción de su administración de no tolerar actos de corrupción y se comprometió a acatar las conclusiones del Órgano Interno de Control.
Finalmente, el Gobierno Municipal aseguró que, en caso de que la investigación detecte irregularidades, se impondrán las sanciones correspondientes: desde procesos administrativos a funcionarios, hasta medidas legales contra la empresa, con el fin de asegurar el uso correcto de los recursos públicos y la calidad en la prestación de servicios a derechohabientes del IMPE.
