México.- La jueza Quinta de Distrito de Morelos, Martha Eugenia Magaña, otorgó este sábado una suspensión para evitar que la polémica reforma al Poder Judicial sea discutida en la Cámara de Diputados, donde se espera su debate durante la primera semana de septiembre, según un documento visto por Reuters.
La polémica reforma, planteada por el mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, ha generado tensiones con sus socios del tratado comercial de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y desconfianza en los mercados financieros. Entre los cambios principales, se propone que más de 7,000 jueces, magistrados y ministros de la corte suprema sean elegidos mediante el voto popular.
«Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse seria inatacable», señala la resolución otorgada por la jueza Quinta de Distrito de Morelos.
«Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura», agregó el documento al que tuvo acceso Reuters.
Ahora, la Cámara Baja, donde el oficialista Morena y sus aliados tienen amplia mayoría, no podrían discutir el dictamen por lo menos hasta el 4 de septiembre, cuando la jueza Magaña resolverá sobre la suspensión definitiva.
Sin embargo, en el pasado, el Congreso ha ignorado órdenes similares de jueces.
Asimismo, el juez Tercero de Distrito en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, también concedió un amparo a jueces que impugnaron la reforma judicial pero para que, de obtener el visto bueno en el Congreso, no sea enviada a las legislaturas estatales para que concluya su proceso de aprobación.
Mayoría legislativa no se someterá: Monreal
Más tarde el sábado, el líder de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, dijo que la resolución de los jueces era una «injerencia indebida y grosera».
«Esta mayoría legislativa, categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción de los juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia», dijo en un video publicado en su cuenta de X.
«No se puede suspender el análisis y discusión, y en su caso aprobación, del dictamen relativo a la reforma constitucional en material judicial (…) a los únicos que respondemos es a nuestros mandantes, al pueblo, que fue quien nos designó en las urnas», agregó.
López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque «no está al servicio del pueblo» y «responde a intereses de la delincuencia organizada». Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia de México el 1 de octubre, ha respaldado la propuesta asegurando que combatirá los elevados niveles de impunidad.
El gremio judicial -que se encuentra en un paro de labores- sostiene que los cambios propuestos atentan contra sus derechos porque se eliminaría la carrera judicial y abren la posibilidad a que grupos de poder, incluso ilegales, copen el sistema de justicia con la elección popular de jueces.
La propuesta también ha generado preocupación entre inversionistas, quienes aseguran que se debilitaría a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo, dañando el clima de negocios en la segunda mayor economía de América Latina.