México.- La violencia que se ceba sobre los candidatos a cargos de elección, especialmente en los Estados, ha forzado la entrada de los militares como guardias personales. El Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos y diversas dependencias federales de seguridad han acordado un sistema de alertamiento y coordinación para dar protección a los aspirantes que estén expuestos a algún riesgo. El Ejército y la Guardia Nacional aportarán vehículos y efectivos que fungirán como escoltas personales de los candidatos en peligro. Este servicio de protección será para los aspirantes a las gubernaturas, a la Cámara de Diputados y al Senado de cara a los comicios del próximo 2 de junio. Los candidatos a cargos de elección locales deberán ser protegidos por las fuerzas de seguridad de los Estados.
El servicio de custodia se activará con base en un estudio que constará de tres criterios: la incidencia delictiva en los Estados, un análisis de riesgo elaborado por la Guardia Nacional, y las amenazas personales que los aspirantes hayan recibido y denunciado ante las instancias correspondientes. Con base en estos elementos, se determinará si un candidato está en riesgo alto, medio o bajo. Si el nivel de riesgo es alto o medio, se concederá el servicio de protección. Cuando sea alto, al candidato o candidata se le proporcionará una escolta personal de cuatro vehículos oficiales y 10 efectivos del Ejército; cuando el riesgo sea medio, se le asignarán tres vehículos y ocho elementos de la Guardia Nacional. Si el nivel de riesgo es bajo, el aspirante contará con un vehículo y dos elementos de la Secretaría de Seguridad.
Los aspirantes al Congreso recibirán protección únicamente si el análisis de riesgo resulta alto y si, además, han recibido amenazas expresas (y las denunciaron ante las autoridades). En estas elecciones se renovarán 500 diputaciones y 128 senadurías. Habrá cientos de candidatos por todas las fuerzas políticas. Por descontado, las aspirantes a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, serán custodiadas por elementos federales, independientemente de los análisis de riesgo.
Este esquema de protección fue acordado por las autoridades y los partidos la tarde del miércoles, en una reunión en el INE. El sistema funciona a través de una mesa interinstitucional en la que participan el Instituto Electoral, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, el Ejército, la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Para echar a andar el mecanismo de protección, el candidato o candidata debe informar primero a su partido político del riesgo al que se expone y luego presentar una solicitud formal al INE. El Instituto Electoral enviará la solicitud a la Secretaría de Seguridad, que a su vez hará la petición al Ejército y la Guardia Nacional. Estas instituciones harán el análisis de riesgo. Si se confirma la necesidad de la protección, esta se pondrá a disposición del candidato solicitante. En caso de que el INE reciba solicitudes de protección para candidatos a puestos de elección estatales, estas serán canalizadas a los Institutos Electorales Locales (Oples) y a las mesas de seguridad de los Estados.
“Por primera vez, el Instituto realiza de manera conjunta con las fuerzas políticas una mesa de seguimiento en materia de seguridad para el proceso electoral”, ha afirmado la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. La funcionaria también ha reconocido “el compromiso de las fuerzas políticas para trabajar desde sus procedimientos internos y evitar la injerencia de personas vinculadas a grupos delictivos o del crimen organizado”.
El PAN y el PRD critican el mecanismo
El dirigente del PAN, Marko Cortés, ha calificado de “insuficiente” el mecanismo de seguridad presentado por el INE y las agencias del Gobierno federal. El político ha afirmado que no se conjura la amenaza del crimen organizado en todas las etapas del proceso electoral, no solo en lo referente a la seguridad de la vida de los candidatos.
Cortés ha afirmado que los grupos criminales participan en cinco momentos de toda elección, según la evidencia de procesos electorales pasados. Primero, ha afirmado, intervienen en la postulación de los candidatos; luego, durante la campaña, con amenazas directas a la vida y el entorno de los aspirantes; después, en la veda electoral, cuando los criminales amenazan a operadores políticos y a funcionarios de casilla; también, durante el día de la jornada electoral, cuando los grupos delictivos amedrentan a los votantes y roban urnas; y por último, ha agregado, después de la elección, cuando el crimen organizado presiona a los candidatos para que no impugnen los resultados.
“Lo que más está poniendo en riesgo la democracia en nuestro país es la violencia, es la inseguridad, es la intervención del crimen organizado en los procesos electorales”, ha afirmado. “Por ello es que estamos pidiéndole al INE que tome todas las medidas y, además, haga responsable al Gobierno federal de cualquier intervención del crimen organizado en este proceso”, ha añadido.
El presidente del PRD, Jesús Zambrano, ha señalado que la jornada electoral “está en riesgo” por la violencia y ha pedido que los partidos, el INE y el Gobierno federal suscriban un Acuerdo Nacional por la Seguridad, que garantice la celebración de elecciones tranquilas y democráticas. “Se requiere un esquema general donde el Gobierno federal demuestre que está dispuesto a meter a la cárcel a los capos del crimen organizado. Si está en la disposición, lo puede hacer, tiene el tiempo suficiente”, ha afirmado.
Las agresiones a los políticos han sido frecuentes en México en cada proceso electoral y han levantado las alertas de organismos nacionales e internacionales. Este miércoles, en Zacatecas, fue asesinado el director de Desarrollo Social de Fresnillo, Juan Pérez, que también era cuñado del senador de Morena y exaspirante presidencial Ricardo Monreal. Por la noche, fue asesinado el hermano del alcalde de Sombrerete. A la vez, en Chilpancingo, Guerrero, fue secuestrado el coordinador de Movimiento Ciudadano del Estado, Julián López Galeana. Posteriormente fue liberado.
Con información de Excelsior
