San Luis Potosí.- «El dinero ensangrentado no puede ser usado en obras de caridad», son las palabras con las que la Arquidiócesis de San Luis Potosí rechazó que los narcotraficantes que han secuestrado a sacerdotes para oficiar misas privadas hayan dado limosnas cuantiosas a la iglesia local por estos servicios.
Lo que no negó el vocero de la institución, Tomás Cruz Perales, fue que algunos de los clérigos hayan sido obligados e inclusive llevados por criminales a fincas y zonas alejadas para realizar bautizos, primeras comuniones e inclusive bodas protagonizadas por los capos o sus familiares.
Los criminales amenazan a los padres para exigir que den ceremonias
«Sí ha habido situaciones en las que hay ese tipo de exigencias por personas que pertenecen al crimen organizado», aseguró el representante de la agrupación.
El portavoz de la Iglesia Católica en San Luis Potosí dijo que no se han dado casos recientes como el denunciado en el municipio huasteco de Tamuin, específicamente en el poblado de Tambaca, donde la población ha denunciado que sus párrocos son amenazados por los gatilleros para llevar a cabo las ceremonias privadas.
Los padres intentan salir de esas situaciones lo más pronto posible
«No he sabido de limosnas mal habidas», dijo sobre la posibilidad de que se estén recibiendo recursos monetarios de los capos.
Destacó que algunas de las víctimas son llevadas a domicilios particulares de los que no se les deja salir hasta que terminen. Una vez culminados los servicios, apuntó, los párrocos regresan lo más pronto posible a sus domicilios.
Sacerdotes expulsados de la iglesia trabajaban sin permiso
También dió a conocer que en los rumbos del Saucito Angostura, al norte de la capital potosina, fueron detectados vendiendo oficios religiosos dos exsacerdotes que fueron dados de baja por faltas graves de las diócesis de León y de Ecatepec.
Se trata de J. Isabel Macías Alcalá y Moisés Cuéllar y que fueron boletinados a principios de semana por el secretario canciller de la Diócesis de San Luis Potosí, José Antonio Martínez Ortiz.
Añadió que pese a que fueron dados de baja de sus presbiterios tienen conocimiento que cobraban por oficiar misas privadas cuyos oficios son nulos y añadió que aunque pueden presentar denuncias la Arquidiócesis no lo hará y solamente se limitarán a alertar a la feligresía.
Con información de El Heraldo de México
