Uganda.- El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó una de las leyes más duras del mundo contra la comunidad LGBT, que incluye la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, lo que provocó la condena de Occidente y el riesgo de sanciones por parte de los donantes de ayuda.
Las relaciones entre personas del mismo sexo ya eran ilegales en Uganda, al igual que en más de 30 países africanos, pero la nueva ley va más allá.
La norma estipula la pena capital para los “infractores en serie” de la ley y la transmisión de una enfermedad terminal como VIH/sida través del sexo gay. También decreta una pena de 20 años por “promover” la homosexualidad.
“El presidente ugandés ha legalizado hoy (ayer) la homofobia y la transfobia patrocinadas por el Estado”, declaró Clare Byarugaba, activista ugandesa de los derechos humanos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la medida de “trágica violación” de los derechos humanos y advirtió que Washington evaluaría las implicaciones de la ley “en todos los aspectos del compromiso de Estados Unidos con Uganda.
“Estamos considerando medidas adicionales, incluida la aplicación de sanciones y la restricción de la entrada a territorio estadunidense contra cualquier persona implicada en graves abusos de los derechos humanos o corrupción”, aseveró.
El Alto Comisionado de la ONU expresó su “consternación” por la promulgación de esta legislación “draconiana”, al afirmar que “es contraria a la Constitución y los tratados internacionales” y abre vías para que haya “violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBT”.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, sostuvo que la inicativa es contraria al derecho internancional.
Una foto de Museveni en la presidencia lo mostraba firmando la ley con un bolígrafo dorado en su escritorio.
El presidente, de 78 años, ha calificado la homosexualidad de “desviación de la normalidad” y ha instado a los legisladores a resistir la presión “imperialista”.
La ONG Human Rights Awareness and Promotion Forum, y 10 personas presentaron una demanda contra la ley ante el Tribunal Constitucional.
Con información de La Jornada
