México.“El IMSS ya gestiona el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto al caso de la señora Vanessa Dib, registrado en 2018 en el Estado de Querétaro”, se lee en un comunicado.
El IMSS informó que la víctima obtendría una compensación económica independiente del monto que en su momento se determinó a través de la queja administrativa.
La dependencia no aclaró de cuánto sería esta compensación, pero informó que será la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con base en el estándar integral establecido en la Ley General de Víctimas, la que determine el monto económico de dicha medida de reparación.
En entrevista con diversos medios de comunicación, la joven de dijo que la medida económica que el IMSS le había ofrecido fue de 8o mil pesos.
“Me ofrecen 88 mil pesos por la reparación del daño. Yo le pregunto a los médicos, si eso valen sus piernas con gusto se los pago para que me regresen las mías”, dijo a El Financiero.
De acuerdo con el instituto, además de un pago económico, la víctima tendrá acceso a lo siguiente:
Atención médica, psicológica y/o psiquiátrica.
Dotación de prótesis y de dispositivos que permitan su desplazamiento.
Acceso a programas sociales que le otorguen oportunidades de desarrollo.
Becas para sus hijos.
Colaboración del Instituto con el OIC en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que presente CNDH.
En septiembre de 2018, la víctima, originaria de Querétaro, acudió a su unidad médica familiar del IMSS porque sentía un dolor abdominal muy fuerte.
El médico que la atendió le diagnosticó infección en las vías urinarias y colitis; sin mandarle a realizar estudios, le estableció un tratamiento.
Debido a que el dolor continuaba, la mujer fue a un hospital general, donde le informaron que tenía que retirarse el DIU porque estaba traslocado. En el hospital, tampoco le realizaron estudios, radiografías o algún ultrasonido, solo procedieron a quitar el dispositivo con unas pinzas.
Tras el mal diagnóstico, la mujer regresó al hospital con una infección generalizada, lo que derivó en que sufriera un paro cardiaco, un choque séptico, la extirpación del útero y la amputación de las piernas.
Ante el mal diagnóstico y la negligencia médica, la CNDH exigió a la dependencia la reparación del daño para la víctima.
Fuente Agencia
