Un jurado de siete hombres y cinco mujeres deliberó durante dos días y brindó su veredicto unánime señalando a R. Kelly como culpable de crimen organizado y violaciones a la Ley Mann, que prohíbe el transporte de cualquier persona a través de las fronteras estatales para cualquier “propósito inmoral”.
Desde el comienzo del juicio, los fiscales se refirieron a Kelly como un “depredador”, argumentando que usó su fama y a un grupo de empleados para aprovecharse de las jóvenes víctimas.
“Este caso no se trata de una celebridad a la que le gusta mucho la fiesta. Este caso es sobre un depredador”, dijo la fiscal federal adjunta María Cruz Meléndez en su declaración.
Además, diversas personas agraviadas por el cantante testificaron con escabrosos detalles durante el juicio, fundamentando que Kelly los sometió a caprichos perversos y sádicos cuando eran menores de edad.
A pesar de que las acusaciones contra el intérprete tenían años, el caso tomó fuerza tras salir a la luz el documental “Surviving R. Kelly” en la era #MeToo, por lo que en ese momento las presuntas víctimas se preguntaban si sus historias habían sido ignoradas anteriormente porque eran mujeres afroamericanas.