Con el objetivo de erradicar la violencia obstétrica en los centros de salud públicos y privados, la diputada Blanca Gámez presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud para que se otorgue de manera obligatoria el derecho a todas las mujeres a ser acompañadas por una persona de su confianza durante el trabajo de parto, parto y postparto, o cuando se trate de una cesárea.
Aun cuando no se cuenta con datos oficiales sobre este tipo de violencia, de acuerdo con académicas de la escuela nacional de enfermería y obstetricia de la UNAM, una de cada cuatro mujeres embarazadas, en parto o puerperio sufre maltrato u omisiones por parte del personal médico.
Hay informes que denuncian el trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, se hace mención a un evidente maltrato físico y verbal, así como a una profunda humillación, procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos -como la esterilización-, falta de confidencialidad, incumplimiento con la obtención del consentimiento médico informado, negativa a administrar analgésicos, negligencia y retención de mujeres y de sus recién nacidos.
Siendo las mujeres adolescentes, solteras, de nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a una etnia, las mujeres inmigrantes y las que padecen alguna enfermedad como VIH, las más vulnerables a sufrir maltrato.
